¿Se divorció usted hace tiempo y las medidas fijadas ya no se corresponden con su realidad actual?

Si usted desea modificar las medidas que fijó la sentencia de divorcio en su día, puede hacerlo: Pedir la guarda y custodia compartida, ampliar el régimen de visitas, reducir o incrementar la pensión de alimentos, extinguir la pensión compensatoria.…

– Quizás sea usted quien haya recibido una demanda en la que su ex pareja pretenda modificar las medidas, y no esté de acuerdo en absoluto con esa demanda.

Tráiganosla nosotros le asesoraremos, la contestaremos, prepararemos con usted el juicio y las pruebas, acudiremos a la Vista y defenderemos sus intereses en sala.

Conforme a lo establecido en los Art. 90 y 91 C.C, las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo Convenio Regulador adoptado entre las partes “cuando se alteren sustancialmente las circunstancias”. En clave procesal, y a tenor del Art. 775 LEC, todo medida adoptada bien judicialmente bien por acuerdos suscritos entre las partes es modificable “siempre que hayan variado o alterado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o adoptarlas”.

Hablemos un poco del procedimiento de modificación de medidas:

En efecto, en multitud de ocasiones, las medidas adoptadas de mutuo acuerdo o judicialmente se establecen teniendo en cuenta unas circunstancias fácticas determinantes y justificadoras de su adopción y establecimiento (laborales, domiciliarias, edad de los menores, relaciones personales, etc.…), elementos que pueden variar a posteriori.

Como tiene dicho con reiteración la Jurisprudencia (las sentencias de los magistrados españoles): Para que una demanda de modificación de medidas pueda prosperar es necesario que en el proceso quede acreditado debidamente:

1.- Que haya existido una modificación o alteración de las circunstancias tenidas en cuenta por los cónyuges, o por el Juez, para la adopción de las medidas definitivas establecidas en el Convenio Regulador de la separación o del divorcio, o en la correspondiente resolución judicial, de tal manera que las existentes al tiempo de solicitar la modificación de aquellas medidas sean distintas de las existentes al tiempo de su adopción.

2.- Que dicha modificación o alteración de las circunstancias sea esencial y sustancial, es decir, de tal importancia que haga suponer que, de haber existido tales circunstancias al momento de la separación o el divorcio, se hubieran adoptados medidas distintas, al menos en su cuantía por lo que hace a las prestaciones económicas.

3.- Que tal modificación o alteración de circunstancias, no sea esporádica, episódica coyuntural o transitoria, sino que se presente con caracteres de estabilidad o de permanencia en el tiempo.

4.- Que el repetido cambio de circunstancias sea imprevisto, o imprevisible, lo que excluye aquellos supuestos en que, al tiempo de establecerse la medida, ya fue tenida en cuenta una posible modificación de las circunstancias.

5.- Que esta modificación no haya sido provocada o buscada voluntariamente o de propósito para obtener una modificación de las medidas ya adoptadas, sustituyéndose por otras que resulten más beneficiosas al solicitante.

MODIFICAR LAS MEDIDAS DEFINITIVAS

Por lo demás, los Arts. 90 C.C y 775 LEC no implican una derogación de los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que rigen en todo procedimiento civil, ya que dichos preceptos no permiten la revisión arbitraria de resoluciones firmes, subsistiendo las mismas circunstancias que las determinaron.En definitiva, el proceso de modificación de medidas no puede ser una excusa para revisar lo actuado en un procedimiento anterior, ni puede convertirse en una nueva instancia ya que ello vulneraría el principio de seguridad jurídica.

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CUSTODIA LOS HIJOS DEL MATRIMONIO:

En todo caso, si se pretende la modificación de medidas de orden personal, en relación a la guarda y custodia o régimen de visitas y estancias, además será preciso acreditar sin ningún género de dudas que actualmente tales peticiones constituyan la mejor opción en favor de los menores, cuyo interés debe prevalecer siempre. Es más, cuando la modificación afecta a medidas relativas al régimen de guarda y custodia de los hijos o a su régimen de comunicaciones y estancias, la consecución del supremo interés o beneficio del menor obliga a flexibilizar la interpretación de los requisitos o presupuestos necesarios para considerar existente una esencial alteración de circunstancias justificativa de la modificación instada.

En relación a la guarda y custodia de los hijos del matrimonio, el Gobierno de España está ultimando un proyecto de ley de corresponsabilidad parental o “ley de custodia compartida” que hará posible que se estudie caso a caso el tipo de guarda y custodia de los hijos del matrimonio, prevaleciendo siempre y por encima de todo el interés superior del menor.

Estos son los puntos más destacados de este proyecto de ley:

Se eliminará la «excepcionalidad», de la custodia compartida, de manera que será el juez quien determine qué forma de guarda es la más conveniente en cada caso atendiendo al interés del menor. Se trata de la futura ley de Corresponsabilidad Parental en casos de nulidad, separación y divorcio, que reformará el Código Civil, así como la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Registro Civil. .

Estos son los puntos clave del anteproyecto:

1. No será una excepcionalidad. Elimina la excepcionalidad con la que hasta ahora se regulaba la custodia compartida. Así, será el juez quien decida en cada caso, y siempre en beneficio del menor, qué régimen es el más adecuado. También se encargará de regular los aspectos y el contenido de las relaciones parentales.

2. Consultas e informes. Prevé que el juez pida un informe al ministerio fiscal y que estudie las alegaciones de las partes, los deseos del menor y el dictamen de expertos. También otros criterios de relevancia en la vida del menor como la edad, el arraigo social, escolar y familiar.

3. Patria potestad. Contempla que la patria potestad se equipara a la corresponsabilidad parental. Es decir, que si antes el progenitor que no tenía la custodia tenía la obligación de participar en las decisiones más importantes de la vida del menor, ahora las decisiones las tomarán ambos progenitores de forma continuada.

4. Más contacto con la familia. Abandona el concepto de visitas al entender la relevancia del contacto cotidiano y frecuente de los padres y sus hijos. Ahora se empezará a hablar de convivencia y régimen de estancia, relación o comunicación con aquel progenitor que no viva con el menor. Tendrá en cuenta el derecho de los hijos a mantener relaciones personales con los hermanos y abuelos (como ya ocurre con la actual legislación) pero amplía esta condición a otros miembros de la familia, parientes y allegados.

5. Responsabilidades parentales. Cuando los progenitores presenten una demanda de divorcio, deberán incorporar al proceso judicial un plan de ejercicio de la patria potestad. En él, deberán concretar la forma en que los padres piensan ejercer sus responsabilidades parentales, detallando los compromisos que asumen con el menor. Aquí, el orden económico también sufre variaciones. Se diferenciará entre gastos por necesidades ordinarias, extraordinarias o voluntarias.

6. Mediación familiar. Los padres tendrán la posibilidad, de común acuerdo o por decisión del juez, de acudir a la mediación familiar para resolver las discrepancias que puedan surgir de la ruptura. Un mecanismo que tiene como intención contribuir, en la medida de lo posible, al acuerdo entre los progenitores y la reducción de los litigios.

7. Violencia de género. Con el fin de erradicar y castigar la violencia doméstica y de género, no se otorgará la guarda y custodia al progenitor sobre quien exista sentencia firme por este tipo de delitos. Tampoco si sobre éste hay indicios fundados de la comisión de dichos hechos, incluso aunque no exista denuncia. En el caso de que ambos progenitores estuvieran en esta situación, el juez atribuirá la guardia y custodia a los familiares o allegados que considere más idóneos, sometiendo la custodia a seguimiento judicial.

8. Rápida separación de bienes. La reforma liquida el régimen económico matrimonial, que es uno de los mayores focos de disputa, según señala el Ministerio de Justicia. Así, al iniciar los procedimientos de separación, divorcio o nulidad se deberá solicitar la formación de inventario de la masa común de bienes y derechos para su posterior liquidación. Además, una vez admitida la demanda, se producirá la suspensión de los efectos de la sociedad de gananciales, aplicándose la separación de bienes.

9. Asignación de vivienda. Sobre la vivienda, aunque se procurará que en su asignación prevalezca el interés superior de cada menor, se separará la concesión de ésta de la guarda y custodia. Se tendrán en cuenta los intereses del cónyuge con más dificultades para encontrar nuevo domicilio. Por otro lado, el Gobierno propondrá a las Comunidades Autónomas el establecimiento de unas directrices que prioricen el acceso a una vivienda digna (alquileres sociales y VPO) a las personas de este colectivo en situación de necesidad.

10. Hijos con discapacidad. Otra de las modificaciones viene en relación a la Convención de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006 sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Se regularán expresamente las medidas a adoptar en relación con los hijos discapacitados.

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